El ente
antimonopolios logra suspensión contra la política eléctrica de la Sener
Édgar Sígler
29/junio/2020
La
Suprema Corte analizará la controversia constitucional interpuesta por Cofece y
otorgó este freno provisional hasta que resuelva el fondo del asunto.
La Suprema Corte
de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional en contra de la
política de confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), interpuesta por
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además de otorgarle la
suspensión para frenar todos sus efectos hasta que se resuelva el fondo del
asunto.
“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar
garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho
superveniente”, explica el máximo tribunal en una acuerdo publicado este lunes.
“Esta política afecta nuestro mandato al no dejar posibilidad de
que haya competencia”, dijo Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la
Cofece, en una entrevista publicada por Expansión el 23 de junio.
Ahora la SCJN debe analizar esta controversia, que pretende
determinar si la regulación emitida por Sener invade las tareas o los objetivos
que persigue el ente antimonopolios.
“Es un asunto que amerita la revisión de la Corte, porque nos
parece relevante que se definan los límites del regulador frente a los
principios constitucionales que hablan, entre otras cosas, de la competencia”,
afirmó Palacios.
El ente antimonopolios considera que la política en materia de
confiabilidad de la red eléctrica compromete el acceso abierto a la red de
transmisión y distribución, deja en segundo plano el criterio de un despacho
eléctrico más económico, le da ventajas a la CFE sobre otros participantes
porque puede decidir quiénes pueden entrar a la red, y establece barreras para
la entrada de nuevos operadores eléctricos.
La Sener ha defendido que la publicación del acuerdo por el que
se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el
Sistema Eléctrico Nacional, a mediados de mayo, busca poner “orden” en el
abasto de electricidad, y que la seguridad y confiabilidad de la red deben estar
por encima de otros objetivos previstos en la constitución.
Pero el sector privado, asociaciones de firmas renovables y
ambientalistas se han inconformado por su publicación, y han logrado algunas
suspensiones para frenar su aplicación dentro de los juicios de amparo que se
han interpuesto en su contra.
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