La minera canadiense compró su futuro en 2017, con Peña. Ahora los
pueblos quieren recuperarlo
Roberto Gutiérrez Torres
1/enero/2020
Cientos de comuneros,
campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades de Guanajuato han
protagonizado desde 2019 una lucha para que no opere una mina de la empresa
Canadiense Argonaut Gold; denuncian que de implementarse generará caos
ambiental y daños en la salud de las y los probadores.
En 2019 la
población de Dolores Hidalgo, Guanajuato,
y en específico quienes habitan alrededor de 20 comunidades aledañas a San
Antón de las Minas, han iniciado una lucha ciudadana que tiene como objetivo
concientizar a los habitantes de la región y de otros municipios, así como
hacer saber al Gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación
de la mina ubicada dentro de su territorio.
La compañía canadiense Argonaut Gold precisa
en su página oficial que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15
millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que
históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de
habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral
solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a
través de varios objetivos de exploración en San Antón”, según muestra en
palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.
EL
PROYECTO
La empresa
canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el
Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que
ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El
Castillo, en Durango, y en la mina La Colorada ubicada en Sonora.
Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en
la mina de San Antonio, en Baja California Sur, y en la del Cerro del Gallo; en
este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el
rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas.
De realizarse su proyecto abarcaría un área total de mas de 20
mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de
sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves
afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.
A ello se suma que se prevé el uso y contaminación de grandes
cantidades de agua, según han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca
de la Independencia.
El contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del
Acuífero Cuenca de la Independencia estará acompañado del acaparamiento de
grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda
escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se
señalado la crisis hídrica.
ORGANIZACIONES
EN LUCHA
Son diversas
organizaciones las que se han sumado de manera activa a los pobladores en el
diseño y ejecución de acciones de concientización sobre las consecuencias
negativas que traería la explotación de la mina.
Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma
tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en
métodos alternativos de producción comunitaria, entre ellas se encuentra el
Centro de Desarrollo Agropecuario y Social (CEDESA), con más de 50 años en
coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.
Otras
organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina“ son la Coalición
por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) y junto a ellos un
colectivo de jóvenes denominado “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”,
todas ellas con trabajo continuo municipal y regional.
En otra
vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional
como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción Colectiva Socio-ambiental,
A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando en el mismo objetivo.
Todos ellos han
realizado actividades que han tomado resonancia nacional e internacional.
Iniciaron con foros de información, convocaron a una marcha en julio pasado y
desde entonces se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, así como
activistas y pobladores de otros municipios, en específico de San Miguel de
Allende y San Luis de la Paz.
¿CÓMO
VA EL PROYECTO?
El avance del
proyecto minero dependería de tres principales factores: los permisos
correspondientes del Gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los
propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y
explotar la mina, según dijo el activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de
Acción Colectiva Socio-ambiental.
Gustavo Lozano precisó que actualmente la empresa está en el
proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos
necesarios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pasar a la etapa de la explotación de la mina.
En septiembre
pasado Semarnat le anunció a la empresa que en ese momento no podría determinar
los permisos para explotar la mina y la institución dio un plazo más largo para
analizar el permiso solicitado.
En términos
municipales, el Edil Miguel Ángel Rayas Ortiz se ha solidarizado con las
organizaciones civiles locales, a las cuales les manifestó su apoyo en contra
la minera, y hasta el momento el Gobierno no ha otorgado ningún permiso de
cambio de uso de suelo, ni de construcción.
La mayoría
de los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina no han
accedido a vender sus terrenos. En conclusión, señaló, Gustavo Lozano, “al
cierre del año 2019 tenemos un trámite en Semarnat mismo que esperemos que sea
negado a la brevedad y, de acuerdo a lo declarado por el Gobierno de Dolores
Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado ni un permiso de cambio de
suelo, ni de construcción; así como los pobladores de San Antón de las Minas,
DONDE un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda
realizar sus actividades”.
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