Otorgan
amparo a denunciantes de Grupo México por daño ambiental
Rubén Mosso
28/diciembre/2019
Un juez federal otorgó un amparo que dejó sin
efecto la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción
penal contra la empresa minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México,
que preside Germán Larrea, la cual fue denunciada como la responsable del mayor
desastre ambiental en el país ocurrido en 2014 en Sonora.
Hace unos días, el gobierno federal acusó a
Grupo México de no cumplir con los compromisos por el derrame de sulfuro de
cobre en el río Sonora, por lo que la empresa tiene un plazo de 15 días para
contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente.
Por su
parte, la minera rechazó haber incumplido los compromisos asumidos para
remediar el daño y señaló que los hallazgos de las investigaciones más
recientes no deben servir para el conflicto o la proliferación de versiones
infundadas.
Ahora,
el juez decimotercero de distrito de amparo en materia penal con sede en Ciudad
de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, otorgó un amparo a varios pobladores
de Sonora y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos,
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez
Urrutia, para que se les reconozca como víctimas.
Lo anterior, porque impugnaron que el 27 de diciembre
de 2017 y el 9 de julio de 2018 el agente del Ministerio Público Federal
adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el
Ambiente, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales, autorizó en definitiva la propuesta de no ejercicio de la acción
penal en las averiguaciones previas 1364/UEIDAPLE/DA/23/2014 y
1118/EUIDAPLE/DA/23/2014.
En la sentencia, dictada el 10 de diciembre de
este año y de la cual se publicó un extracto, se establece que la representación
social de la Federación deberá acumular las dos indagatorias y reconocer el
carácter de víctima a los quejosos, “para que estén en aptitud de hacer valer
lo que a su derecho convenga”.
En 2014, un depósito de sulfato de cobre
acidulado se rompió y provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos en los ríos
Sonora y Bacanuchi.
Después, Grupo México creó un fideicomiso de 2
mil millones de pesos para reparar los daños ocasionados.
La demanda contra las empresas de Larrea fue
presentada por Defensa Colectiva, Asociación Civil (que integra a campesinos y
habitantes), agrupación que argumentó que dichas compañías ocasionaron un daño
ecológico que afectó directamente el patrimonio de las personas que habitan los
municipios de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús,
Baviácora y Ures e, indirectamente, a todos los mexicanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario