Así luchan las economías más grandes del mundo para que sus empresas no quiebren
10/agosto/2020
Se prevé que el daño económico causado por la
pandemia lleve este año a miles de empresas en el mundo a la insolvencia. Los
gobiernos toman medidas para evitarlo, pero ¿podrán lograrlo?
El alcance total de la
destrucción causada por la pandemia de coronavirus en las economías de todo el
mundo se evidenció de manera contundente cuando varios países publicaron sus
cifras de crecimiento para el segundo trimestre de 2020, el período en el que
los bloqueos nacionales hicieron que industrias enteras cerraran.
En Europa,
España registró la mayor caída del rendimiento económico, un 18.5% en
comparación con el trimestre anterior, mientras que Francia e Italia se
contrajeron un 14% y un 12% respectivamente. Incluso la locomotora de Europa,
Alemania, cayó un histórico 10.1%.
En otras partes
del mundo, la situación económica entre abril y junio no fue mejor, ya que el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se desplomó un
9.5% desde el primer trimestre, y se prevé que el de Japón caerá en más del
11%, de acuerdo con una estimación preliminar.
China fue la
excepción, subiendo un modesto 3.2% en el período bajo revisión y revirtiendo
una disminución del 6.8% en el primer trimestre.
A medida que la
caída mundial masiva está golpeando a las empresas y a los hogares, los
gobiernos han adoptado políticas de lucha contra la crisis, que incluyen tanto
el apoyo financiero como cambios legales destinados a evitar que tanto personas
privadas como empresas vayan a la quiebra.
Hemos compilado
una lista de medidas que los gobiernos de las cuatro economías más grandes del
mundo, Estados Unidos, China, Japón y Alemania, han tomado para detener una
inminente ola de insolvencias comerciales.
Alemania
En vista de las
29,000 bancarrotas corporativas estimadas para este año, si no se logra mitigar
la caída económica provocada por la crisis del coronavirus, Alemania adoptó
cambios drásticos en su ley de insolvencia, incluyendo la suspensión de la
obligación de declararse en quiebra.
Previamente,
una compañía que era incapaz de pagar sus deudas cuando estas vencieran
(insolvencia de flujo en efectivo), o que llegase a una situación en la cual
los pasivos totales superaran a los activos totales (insolvencia del balance),
estaba obligada a declararse en quiebra en un lapso máximo de tres semanas.
Según las
nuevas regulaciones, aprobadas a fines de marzo de este año, esta obligación se
ha suspendido retroactivamente desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de
2020. Pero hay dos excepciones a la regla, una de las cuales es que las razones
de una insolvencia no sean el resultado de la pandemia. Y, la segunda, que la
empresa no cuente con un plan al respecto, es decir, que no haya perspectivas
de subsanar la incapacidad de pago de la compañía.
A eso se suma
que las disposiciones legales que prohíben ciertos pagos en medio de
procedimientos de quiebra se han relajado durante el período de suspensión,
dando a los gerentes más margen para mantener las operaciones comerciales, o
implementar una reestructuración, sin que eso genere responsabilidades personales.
Además, los
nuevos préstamos bancarios otorgados durante el período de suspensión, así como
la garantía asegurada de la que gozan, están mejor protegidos, ya que no pueden
ser cuestionados en una insolvencia posterior. Esto tiene la intención de
motivar a los bancos a prestar dinero.
La nueva ley
también reduce el riesgo para las contrapartes contractuales de una empresa en
dificultades, como proveedores, propietarios y arrendadores, a quienes se les
debe pagar incluso si fracasan los esfuerzos de reestructuración.
Finalmente,
todas esas disposiciones no son válidas si el motivo de la insolvencia ya
existía antes del 1 de marzo de 2020.
Japón
A diferencia de
otros países, Japón no cuenta con una ley específica para la insolvencia. Pero
el gobierno japonés y, en cierta medida, la industria privada, han tomado otras
precauciones a fin de aliviar las dificultades derivadas de la pandemia del
coronavirus.
Las autoridades
fiscales han concedido una moratoria de un año para el pago de impuestos
nacionales y locales si la pandemia hizo que se redujera el ingreso de un
contribuyente en alrededor de un 20 % o más, en comparación con el mismo período
del año anterior.
Asimismo, se
solicitó a las empresas abastecedoras de agua, saneamiento y gas un período de
gracia para los pagos de usuarios y compañías que hayan caído en desgracia.
Bajo su
Programa de Subsidio para Negocios Sostenibles, el gobierno japonés ha puesto a
disposición un máximo de 2 millones de yenes (unos 18.885 dólares) para ayudar
a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y 1 millón de yenes para los
operadores privados cuyas ganancias caigan en más del 50 %.
Según la ley
japonesa, si una compañía despide empleados debido al freno en sus negocios por
una “razón atribuible al empleador”, se le exige compensar al empleado por el
tiempo que estará ausente del trabajo. Un programa llamado “Subsidio de Ajuste
de Empleo” otorga ahora subvenciones a empresas que otorgan dicha compensación.
Las reglas de
la bolsa de valores también se han modificado, extendiendo un período de gracia
de exclusión para compañías insolventes de un año a dos años.
Además, varias
compañías de seguros han otorgado una extensión en el pago de las primas por un
máximo de seis meses, mientras que algunos bancos han ofrecido a sus clientes
negociar las condiciones de pago y anularon tarifas, en combinación con dicha
modificación.
China
En China no
hubo cambios en las leyes de insolvencia, pero las autoridades emitieron una
nueva guía para casos de quiebra. Ahora, los tribunales de quiebra impulsarán
reestructuraciones y procedimientos de pago antes de liquidar una compañía. Se
supone que estos guiarán activamente las negociaciones entre acreedores y
deudores por medio de pagos a plazos, extensiones del período de cumplimiento
de pagos y cambios en el precio de los contratos.
En caso de una
reestructuración por bancarrota, si no se encuentran nuevos inversores, los
tribunales pueden extender el lapso para una propuesta de reestructuración
hasta seis meses. Si una empresa demuestra su compromiso con la prevención y el
control de la pandemia, la corte incluso tiene el permiso de frenar los
procesos de quiebra.
Estados Unidos
Estados Unidos
no ha implementado cambios directos en el capítulo 11 sobre leyes de quiebra.
Sin embargo, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus
(CARES, por sus siglas en inglés), creada en marzo de 2020, ofrece apoyo a las
empresas que luchan en la crisis del coronavirus. Incluye un paquete de
estímulo de aproximadamente 2 billones de dólares, el mayor estímulo económico
de la historia de ese país.
Además, se puso
a disposición un fondo de 500.000 millones de dólares controlado por la Reserva
Federal (Fed) para un programa de préstamos de gobierno dirigido a empresas en
dificultades.
La ayuda para
las Pymes se ha ampliado a través del programa de préstamos de la Administración
de Pequeñas Empresas (SBA) y del Programa de Protección de Pagos Salariales
(PPP). El límite del valor de las compañías para que estas puedan beneficiarse
de ese programa se extendió de cerca de 2.7 millones de dólares a 7.5 millones.
Sin embargo,
para que una empresa pueda aprovechar esos programas, no debe haber caído ya en
la insolvencia. También debe contar con un plan sobre cómo integrará el
estímulo económico a una estrategia de largo plazo que ayudará a transitar esta
crisis.
Al borde del abismo financiero
En los próximos
meses, muchos de los programas de emergencia expirarán, generándose así el
riesgo de que en caso de que una segunda ola de coronavirus golpee a las
economías del mundo, eso provoque un aumento de las quiebras empresariales.
Especialmente
para las pequeñas empresas, que poseen reservas limitadas de efectivo y
márgenes financieros ajustados, cualquier reducción de los programas de apoyo
podría marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso.
Así es que los
expertos prevén el surgimiento de los denominados “bordes de acantilado”
financieros. Economistas alemanes señalan que el 30 de septiembre será una
fecha en la que las ayudas se vuelvan escasas, y en que las normas que rigen
las insolvencias expirarán. Pero el gobierno de Berlín dijo que podría extender
la suspensión de quiebras por medio de instrumentos estatutarios hasta el 31 de
marzo de 2021.
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